La opinión del congresista es corroborada por Jesús Fernández Vélez, procurador general de la Corte, quien agrega que en el Juzgado de Instrucción, dirigido por la magistrada Regina Baltazar Vizcaíno, se aplica cualquier cosa, pero no justicia. Allí, dice, no se hace Derecho ni procedimiento, sino que los casos se manejan como en la estructura de un negocio y de maniobras.
“Los escándalos se deben a que hay jueces corruptos. Otros tienen un (sic) garantismo unilateral. El tarantismo tiene que ser entre víctima y victimario”, dijo Fernández Vélez. “Pero la Escuela de la Judicatura los forma para que sean garantistas solamente de los imputados, y a las víctimas que se las lleve el diablo”. agregó. Fernández Vélez enumeró de memoria a cinco jueces que él mismo ha denunciado ante el Poder Judicial.
En la lista se incluye al juez de Ejecución de la Pena, Francisco Mejía Angomás, sometido por dejar en libertad a dos narcotraficantes ya condenados (el proceso disciplinario concluyó en julio, y todavía no se conoce la decisión definitiva de los jueces supremos).
En marzo de 2009, la jueza Baltazar Vizcaíno también había sido acusada de actuar de manera irregular. Pero el inspector enviado por la Suprema Corte de Justicia, un supuesto sargento de la Policía llamado Martíres Familia Aquino, rindió un informe en defensa de la honorabilidad de la magistrada, y calificó a los fiscales de San Cristóbal de “atracadores y asesinos”, vinculados a la delincuencia.
El Caribe intentó contrastar la versión de la Procuraduría con la de la magistrada, pero su secretaria informó que no habla con periodistas sin antes recibir un permiso de la SCJ.
En la jurisdicción de San Cristóbal las quejas también son contra los fiscales. Recientemente han sido juzgados y sometidos a sanciones disciplinarias siete de la Carrera del Ministerio Público, mientras otros ocho no pertenecientes al nuevo sistema también fueron destituidos. Félix Santana, el fiscal adjunto acusado de actuar en contubernio con el juez Mejía Angomás, es parte de ese grupo.
La comunidad no cree
El párroco Miguel Ángel Ciaurriz dice que los tantos casos de corrupción y delincuencia registrados diariamente en San Cristóbal provocan altos niveles de desconfianza en la comunidad. Los habitantes de la provincia, asegura, ya no creen o creen muy poco en las instituciones, incluidas las cortes y las fiscalías.
“Hay mucho temor por la inseguridad ciudadana. Lo peor es que eso ya se está normalizando”, sostiene el sacerdote. La semana pasada la Cámara de Comercio de la provincia elevó su protesta porque la jueza del Juzgado de Atención Permanente, Karina Reyes, dejó en libertad a tres hombres acusados de robarse los hierros del puente de la comunidad de Los Cajuilitos, el cual está a punto de colapsar. El presidente de la Cámara, José Francisco Martich, consideró la acción como un mal ejemplo.
Cury hace propuesta
El doctor Julio Cury sugirió la modificación de los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil, y 24 del Código Procesal Penal, a fin de asegurar que los jueces cumplan responsablemente con sus funciones. “Esos textos les exigen indicar los fundamentos de hecho y de Derecho en que sustentan sus decisiones, y la reforma que planteo consiste en reputar irrefragablemente como faltas inexcusables susceptibles de ser civil y disciplinariamente condenadas, la omisión de esa formalidad”, manifestó. Dijo que es necesario restringir la discrecionalidad de que gozan los jueces para interpretar y aplicar la ley. “El legislador ha erizado de obstáculos el derecho de los litigantes de exigirles a los jueces respeto por las normas de Derecho”, expresó.
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