Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador
general de ADOCCO, calificó de aberrante que el presidente del órgano
constitucional, Ray Guevara, pretenda utilizar las instalaciones de una
empresa privada, que forma parte de un consorcio de entidades que en el
futuro pudieran estar defendiendo sus intereses económicos en la
justicia dominicana y por vía de consecuencia tendrían que llegar sus
pretensiones legales al Tribunal constitucional, colocando en una
difícil situación a los jueces por el conflicto de interés que
significaría juzgar a quien con nobleza presto su domicilio para que el
huérfano oficial pudiera existir.
La organización de la sociedad civil llamó la
atención del presidente del Tribunal Constitucional, a que mantenga el
respeto y la solemnidad del Constitucional y que suspenda la
convocatoria hecha a los miembros juramentados el 29 de de diciembre de
2011 por el presidente de la República, al tiempo de pedirle a los
doctores Leyda Piña, Lino Vásquez Ramos, Víctor Joaquín Castellanos,
Justo Pedro Castellanos, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés,
Idelfonso Reyes, Jottin Cury David, Ana Isabel Bonilla, Katia Miguelina
Jiménez, Wilson Gómez Ramírez y Hermógenes Acosta, a que se abstengan de
acudir a la convocatoria.
“Jamás pesamos que la funesta decisión del
presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Mariano Rodríguez, de
utilizar las instalaciones de una empresa privada como la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra, para las sesiones del tribunal
electoral pudiera ser imitada por el Tribunal Constitucional, que a
diferencia del Electoral tendrá que dirimir conflictos de particulares,
actos de esa naturaleza contribuyen a dañar la imagen institucional del
país, poniendo en evidencia la improvisación propia de la falta de
planificación, puesto que la creación de ambos órganos data de enero del
2010 y se tuvo tiempo para ello”. Prosiguió diciendo el vocero de la
organización no gubernamental.
ADOCCO, sugiere que para el funcionamiento
provisional del alto tribunal, bien podrían utilizarse las instalaciones
de la Cámara de Cuentas de la República, en donde hay espacios
disponibles, incluyendo la sala de audiencia, de cuando esta entidad
tenía atribuciones jurisdiccionales como tribunal contencioso
administrativo, con suficiente espacio, hasta tanto se construya la sede
que deberá estar dotada de las condiciones físicas y alegóricas al
vigilante de la carta magna.
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