Según el cable, si Mejía tendría mayor cantidad de miembros de su partido en ese tribunal y perdía las elecciones, se evitaría así que él y funcionarios de su gobierno fuera exitosamente enjuiciados por abusos reales o supuestos mientras estaban en el gobierno.
Dice, además, que desde el mes de febrero de ese año, el Senado y la Cámara de Diputados habrían nombrado miembros del PRD en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que tiene autoridad para elegir los jueces de la SCJ, pero que no había vacante, ya que lo único era elegir el presidente de ese alto tribunal.
Según Wikileaks, Jorge Subero Isa, todavía presidente de la SCJ, a quien define como un apolítico, en ese tiempo intentó renunciar del tribunal y le había contado a la embajada norteamericana que renunciaría por las presiones politiqueras a que estaba siendo sometida la institución.
Añade que el magistrado Subero Isa buscó entonces la solidaridad de sus compañeros, entregándole una carta, exigiendo el respaldo de por lo menos las tres cuartas partes de los integrantes del tribunal, en fecha 26 de febrero del 2004.
Explica que Subero Isa recibió el apoyo de sus compañeros, de la embajada de Estados Unidos y de la sociedad civil, para que permaneciera en el puesto.
Afirma que en el 1997 la sociedad civil juzgó un papel predominante al investigar a los nominados con calificaciones limitadas en el Colegio de Abogados y al objetar algunos aspirantes a juez.
CABLE INTEGRO DE WIKILEAD
DE FECHA 26 DE FEBRERO 2004
El PRD del presidente Mejía parece estar posicionándose para llenar la Suprema Corte con miembros del PRD, a menos de tres meses previo a las elecciones presidenciales.
Si Mejía pierde las elecciones de 16 de mayo, los amigos y partidarios del PRD dentro de la Corte podrían evitar que se enjuicien exitosamente a los funcionarios de la administración de Mejía por abusos reales o supuestos mientras estuvieron en el Gobierno.
Desde el 16 de febrero, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han nombrado a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o CNM. El CNM tiene la autoridad de elegir los jueces para las vacantes en la SCJ y designar al juez principal. Los miembros del CNM son el presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, otro senador y otro representante, el presidente de la Suprema Corte y otro juez asociado de la SCJ que actúe como secretario.
No hay vacantes en estrado, así que el único asunto en agenda para el nuevo CNM sería seleccionar el nuevo presidente de SCJ.
El presidente de SCJ Subero Isa, un respetado jurista, ha encabezado la corte, que apoya la reforma, compuesta por16 miembros desde 1997. Él ha sido apolítico desde que subió y fue nombrado magistrado. A mediados de enero amenazó con renunciar luego de abiertos enfrentamientos, tanto en la corte como en su despacho con otros jueces; entregó una carta a los demás miembros solicitando formalmente un voto de confianza de por lo menos tres cuartas partes de los jueces.
Prominentes organizaciones sin fines de lucro y otros miembros de la sociedad civil lo instaron a que permanezca en el puesto. La embajada hizo lo mismo. Subero Isa, según se reporta, recibió el apoyo solicitado de parte de sus colegas jueces. En privado, le dijo a la embajada que la Corte está bajo “tremenda presión”.
Los legisladores electos al CNM son del PRSC y se dice que son adeptos al PPH. El debate en la Cámara el 20 de febrero incluyó quejas sobre el lento progreso de la reforma judicial. El presidente de la Cámara Alfredo Pacheco comentó que la renovación del CNM era necesaria para “supervisar la Corte”.
El Consejo puede actualmente ser convocado a gusto del Presidente. Si nombra un nuevo presidente de la corte, el susceptible Subero Isa podría ciertamente renunciar. Esto crearía una vacante que le permitiría al PRD elegir un presidente de la SCJ más a su gusto y nominar un simpatizante del PRD en el puesto de Subero.
Con la salida de Subero, el PRD podría aumentar la presión sobre los otros tres jueces para que renuncien. Todos están por encima de la edad obligatoria de retiro, 75 años, establecida por la Ley de Carrera Judicial de 1997; como todos ya estaban en puestos vitalicios en la corte en ese momento, a ellos les fueron asignados sus derechos basados en comportamientos pasados.
Al nombrar un nuevo juez presidente de la Corte más tres nuevos jueces, el PRD podría comprometer la independencia de la Corte. El conteo de manifiestos simpatizantes del PRD aumentaría de 7, encabezados por el más severo crítico de Subero el juez Luciano, a 11, una mayoría.
En 1997, cuando se hizo la reforma en la Corte, organizaciones de la sociedad civil jugaron un rol prominente al “investigar” a los nominados y objetando exitosamente algunos con calificaciones limitadas en el Colegio de Abogados; en 2000, sin embargo, el CNM ignoró los comentarios de la sociedad civil nombrando tres jueces cuyos vínculos con el PRD eran más fuertes que su servicio en la judicatura.
Si el CNM logra apropiarse del rol de nombrar los nuevos jueces, la prueba decisiva de sus intenciones será su receptividad a los comentarios de la sociedad civil. (No hay un equivalente aquí a la “American Bar Association”; el Colegio de Abogados es en gran medida una asociación social y no hay una autoridad que certifique las calificaciones de los aspirantes a abogado o jurista).
El presidente de la SCJ establece la agenda de la Corte. Un miembro del PRD en esa posición podría hacer que los casos que sean de particular para el PRD sean despachados rápidamente o demorados indefinidamente.
Sin importar el resultado de las elecciones presidenciales, el PRD mantendría el control del Senado y su casi control de la Cámara de Diputados por lo menos hasta las elecciones congresuales de 2006. Recientes maniobras sugieren que el dominio del PRD en el Congreso busca dominar el poder judicial. Si Leonel Fernández resulta triunfador, como muchos esperan, podría encontrar personas desfavorables listas para movilizarse en su contra en otras ramas del Gobierno. También resulta preocupante el llenar la SCJ con simpatizantes sería un revés en los esfuerzos que se llevan a cabo desde 1997 para fortalecer el sector judicial y hacerlo independiente.
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