Por: Luis R. Decamps R.
El autor es abogado y profesor universitario
lrdecampsr@hotmail.com
El discurso en virtud del cual el presidente Leonel Fernández anunció formalmente que no se presentará a la consideración del electorado en los comicios del año venidero, si se calibra exclusivamente a la luz de las urgencias cardinales de nuestro ordenamiento constitucional, puede ser tipificado como positivo, bastante cercano al sentido común y hasta relativamente plausible.
No obstante, probablemente debido a que fue resultado de una decisión casi abrupta adoptada finalmente bajo la irresistible insinuación del gobierno de los Estados Unidos de América, la referida pieza oratoria estuvo plagada de disquisiciones imprecisas y sesgadas, de ostensibles faltas a la verdad y, sobre todo, de elementos definitorios de una estrategia personal de “alta política” pensada para el mañana inmediato.
Descontando los circunloquios, el jefe de Estado planteó en la peroración de marras, con una pose doctoral que no dejaba de ser un poco “perdonavidas”, una posición a tono con su carácter de “animal político”: que a pesar de contar “con reales perspectivas de un nuevo triunfo electoral” y de no tener “impedimento legal insuperable”, declinaba la nominación presidencial del PLD “sólo con el propósito de hacer lo que consideramos correcto, de evitar posibles tensiones a la sociedad dominicana, consolidar nuestro proceso democrático y afianzar aún más la nueva Constitución…”.
Desde luego, la creencia del doctor Fernández de que él tenía “reales perspectivas de un nuevo triunfo electoral” se fundamenta en el supuesto de que su administración ha sido exitosa (lo que evocó recordando un “logro” que ya hiede por arrugado y putrefacto: “recuperar la confianza, la estabilidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza”, sic) y, por consiguiente, en la no muy afortunada convicción (mostrada al desgaire) de que el pueblo dominicano está entusiasmado, feliz o simplemente conforme con su situación actual.
En lo que atañe a esa percepción, no es aventurado sospechar que el presidente Fernández está falto de sensibilidad frente a la realidad nacional o sencillamente ajeno al creciente deterioro de las condiciones de vida del dominicano común, y que además no se da por enterado de los resultados de las últimas encuestas serias de preferencias políticas (cosa extraña porque en su oración menciona algunas) ni hace caso (actitud más rara aún dada su reconocida devoción por estos temas) a los informes de reputados organismos internacionales que nos sitúan entre los países con mayores índices de corrupción, menores niveles de escolaridad y mas bajo desarrollo humano en todo el orbe.
En lo concerniente a la afirmación de que no tiene “impedimento legal insuperable”, no hay dudas de que el presidente Fernández falta concientemente a la verdad, pues no sólo estaba impedido de ser candidato nuevamente por expresas disposiciones constitucionales (sin importar que se le aplicara el Pacto Fundamental vigente, de enero de 2010, o el anterior, de julio de 2002) sino que la figura del referendo (esgrimida por él como posible instrumento para superar el impedimento sustantivo) era y es de imposible uso para tales fines en razón de que su ámbito de aplicación (circunscrito directa o indirectamente por los artículos 210, 267 y 272 de nuestra Carta Magna) no lo permitía.
(Por cierto, resultó curioso que el presidente Fernández, aunque abundó en citas del texto constitucional del 26 enero de 2010 y se detuvo especialmente en particulares interpretaciones y explicaciones de sus tenores, olvidara por completo una disposición fundamental en el sentido de la discusión, esto es, el artículo 267, que reza de la manera siguiente: “La reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares”).
La verdad es, de todos modos, que el presidente Fernández (en consonancia con los dictados de la “razón política”) tenía necesidad de prorrogar hasta donde fuera posible cualquier decisión respecto a su repostulación en atención al “juego de coyuntura” (él nunca descartó la posibilidad de ser nuevamente candidato), huyéndole a la inevitable “soledad del poder” y como factor de “negociación en perspectiva”, pero una precipitación coligada de circunstancias (la convención del PRD, la presión de los poderes fácticos, el desbordamiento del tema en el PLD y, últimamente, la “sugerencia” del gobierno de los Estados Unidos) lo obligó a tomar (a regañadientes y con presteza) una decisión definitiva.
Por lo demás, conviene insistir en que es improbable que el presidente Fernández ignore que las “perspectivas reales” del PLD son hoy en día nebulosas y que (al margen de los alegatos en contrario de abogados y doctrinarios que se hicieron los graciosos ante él por estar interesados en puestos en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Constitucional) sí existe un “impedimento legal insuperable” para su eventual repostulación: sus alegaciones en este sentido, más bien, parecen un mensaje admonitorio al candidato presidencial del PLD (cualquesea, pero especialmente si lo es el licenciado Danilo Medina) y una “seña estratégica” de cara al porvenir inmediato para las bases de su organización y la parte del país político que le es favorable.
(Con el camino de la nominación presidencial prácticamente destrabado, el licenciado Medina está abocado a “armonizar” sus relaciones con el presidente Fernández y a garantizarles a los incondicionales de éste, ahora sagazmente escudados en la precandidatura de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, espacios satisfactorios en la boleta electoral, en la dirección de las labores de campaña y en un eventual nuevo gobierno peledeísta. Paralelamente, deberá encararse con dos factores potencialmente letales: impedir la fragmentación del llamado “Bloque Progresista” y lidiar con el hecho de que al presidente Fernández, en una virtual repetición del escenario político-electoral del año 2000, le convendría una derrota de PLD para ratificarse como su único abanderado ganador, afianzarse en el liderazgo interno e intentar el regreso de 2016 a partir de las cómodas, bulliciosas y esperanzadoras graderías de la oposición. Desde esta perspectiva, el adversario nodal de Medina, en principio, sería el doctor Fernández y no el ex presidente Mejía, candidato del PRD).
En suma, los verdaderos motivos de la “declinatoria” (que el presidente Fernández, claro está, no expuso porque devienen sinrazones) fueron los siguientes: la resistencia activa de un sector del PLD, la abracadabrante situación económica del país, las sombrías perspectivas inmediatas del mercado petrolero y alimentario mundial, el rechazo de una considerable parte de los dominicanos a su repostulación, la beligerante postura antireeleccionista de los poderes fácticos nacionales (empresarios, iglesias y sociedad civil) y, finalmente, el mensaje de “preferencia por la alternabilidad” que le trajo desde las riberas del Potomac la señora María Otero (subsecretaria de Estado para Democracia y Asuntos Globales) envuelto en el sutil lenguaje de la diplomacia.
El presidente Fernández, pues, expuso sus razones para “declinar” (sobriamente maquilladas, prudentes y agraciadas, en su mejor estilo profesoral y con un tenue olor a balaguerismo), pero obvió deliberadamente las sinrazones, y éstas en política, como se sabe, casi siempre son más importantes que aquellas… Y en mayor medida cuando, como ahora, están rodeadas de ciertas “sospechas legítimas”.
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