Listín.com.doSanto Domingo.-Rosanna, un nombre ficticio, para proteger su real identidad, sólo tiene 15 años, pero desde hace dos meses vive bajo el abrigo de un nuevo hogar, apartada del calor natural de su madre y hermanos.
Una nueva familia vela por ella, que ahora está forzada a adaptarse a otra dura realidad de normas y atribuciones del sistema, junto a 22 adolescentes llegados al hospedaje por una razón común: todos, incluyendo a “Rosanna”, han violado la ley penal.
A tan poca edad, el Instituto de Niñas de Santo Domingo es ya el tercer hogar que acoge a “Rosanna”.
Su infortunada historia empezó un día cuando su madre, una trabajadora doméstica que procreó cinco hijos con un hombre a quien “Rosanna” nunca ha conocido, la envió a ayudar a una señora en labores domésticas en una localidad vecina.
Poco tiempo después de su llegada, esta muchacha se vio involucrada en un problema legal complicado, que conllevó su reclusión en un centro de privación de libertad, de donde ahora anhela salir libre.
“Rosanna no sabe cuánto tiempo estará detenida allí, porque aún no tiene una pena defi nitiva y sólo cumple una medida cautelar.
Por el problema causante de su privación de libertad, “Rosanna” no sólo se alejó del contacto con su madre y hermanos, sino que tuvo que interrumpir sus estudios.
“Cuando salga quiero vivir con mi mamá y seguir en la escuela”, dijo la joven, con un dejo de timidez.
Despu és de manifestar sus deseos, hizo una pausa, tras ser advertida de no referirse al confl icto legal que le tiene atrapada, porque aún no ha recibido una condena defi nitiva por el hecho imputado, Sobre el caso que la trajo hasta su nueva residencia, confesó sentirse “arrepentida”.
El caso de “Rosanna” es sólo una muestra del grave problema que constituyen los adolescentes, niños y niñas en confl icto con la ley, un fenómeno agobiante para el país, preocupante para gobernantes e inquietante para las familias.
Una realidad tormentosa
La participación de menores de edad en delitos es considerado un problema social que espera de la aplicación de políticas adecuadas, fi rmes, justas y permanentes en el país.
Hasta la fecha existe un registro de 517 niños, niñas y adolescentes, preventivos y sancionados, en 11 centros especializados, 45 más que en el año 2009, cuando alcanzó 472.
Estos centros son: Centro de Evaluación y Referimiento del Menor (CERMENOR), Centro de Atención Integral de Adolescentes en Confl icto con la Ley, en Najayo, San Cristóbal; Instituto de Niñas de Santo Domingo; Instituto Preparatorio de Menores Máximo Antonio Álvarez, Instituto Preparatorio de Menores (REFOR), Centro de Atención Integral de Adolescentes en Confl icto con la Ley, en San Francisco de Macorís; Centro de Atención Integral de Adolescentes en Confl icto con la Ley, en Santiago; Centro de Atención de Menores, en Higu¨ey, y los Centros de Detención en San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona.
En 2009 se registraron infracciones de tipo penal, como sigue: 371 por robo agravado, 140 por homicidios, 81 violaciones a la ley de drogas, 71 violaciones sexua- les, 27 homicidios agravados, 26 por golpes y heridas, 12 por tentativa de homicidio, 22 por robo, 9 por porte de armas, 1 por agresion familiar y un infanticio.
Para diciembre de 2010, las estadísticas, por tipo penal en caso de menores en confl icito con la ley, anotan 145 casos por robo agravado, 167 por homicidio, 53 por violación a la ley de drogas, 80 por violación sexual, 28 por golpes y heridas y 4 por porte de armas.
Una comparación de estos datos, y el número de sancionados, indica que, con relación al año 2009, en 2010 los robos agravados tuvieron una baja de 226, pero hubo un aumento de 27 homicidios, las violaciones a la ley de drogas bajaron 28 casos respecto al 2009, mientras las violaciones sexuales aumentaron en nueve en 2010.
El número actual de 517 menores de edad bajo medidas de prevención y sanción, que superó con 45 al 2009, no implica un aumento tan signifi cativo para Reyna Tavarez María, encargada de la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Confl icto con la Ley Penal, porque, al compararlo con los 21,000 adultos internos en los centros penitenciarios, los menores en confi nación representan poco más de un 2 por ciento.
Una comparación de la cifra actual de menores en reclusión con las estadísticas de 2005, deja claro que el aumento en los últimos cinco años es notable. Para junio de ese año había recluidos 308 menores, 209 menos que hasta diciembre de 2010, cuando se elevó a 515 casos.
La mayoría de esos menores de edad ya tiene hijos, a veces más de uno. “Inician sus relaciones sexuales a temprana edad”, dijo Tavárez María. Pocos tienen actas de nacimiento, pero cuando se hace gestión para dotarles de ese documento, se descubre que ni siquiera sus padres, y ni sus abuelos, han sido declarados. “Esto constituye un verdadero problema”, comentó Tavarez María.
Las violaciones a la ley penal en menores de entre 16 a 17 años son más frecuentes que en aquellos con edades entre 13 y 15 años. El robo agravado y los homicidios son las infracciones más comunes.
Los perpetradores provienen de familias disfuncionales.
La mayoría no vive con sus padres. Regularmente dependen de una tía o uno o ambos de sus abuelos. En ocasiones, cuando viven con su madre, ésta trabaja o tiene algún tipo de adicción. En otro caso, padre e hijo viven juntos, pero el papá tiene alguna adicción al alcohol o las drogas.
“Tenemos muchachos cuyas mamás están presas o sus papás murieron en un atraco”, explicó la especialista.
Un problema social
Para el sociólogo Juan Miguel Pérez, la actuación de adolescentes en acciones delictivas no puede verse al margen de su participación en actividades productivas.
Perez dijo que eso “defi ne la actividad delincuencial como productiva, aunque ilegal, porque procura a sus (mal) hechores una fuente de ingresos. El adolescente dominicano típico, que incurre en hechos delictivos, opera desde una perspectiva de sobrevivencia no solamente económica, sino también, y sobre todo, social”, subraya.
“Los medios de sobrevivencia que les proporciona la sociedad a los adolescentes son cada vez más inaccesibles”, agregó el profesional, anotando que eso le proporciona “difi cultad de poder costear su participación en un régimen escolar, de poder tener un empleo en condiciones estables y de remuneración adecuada”.
Todo eso hace que esos adolescentes estén afectados por una presión social que implica, para ellos, “ser anónimos en sus comunidades, ante el panorama desesperanzador y de falta de perspectivas futuras en el que crecen”. Pérez estima que es esa presión la que los lleva a buscar el reconocimiento de su comunidad a través de actividades reconocidas como retribuyentes y, por ende, capaces de alcanzar medios, fundamentalmente monetarios.
Para disminuir la ola creciente de casos de menores que delinquen, Pérez cree que sólo el Estado puede actuar con efectividad, si genera políticas públicas que brinden la oportunidad a estos jóvenes de poder construir sus dignidades individuales, a partir del involucramiento en sus estudios y el ejercicio de ofi cios legales.
“No debe existir impunidad”, dijo, y planteó que cuando los organismos de seguridad pública actúen en contra del hecho delictivo, al adolescente debe tratársele con educación, buscando su corrección y no una simple represión que lo deje en la incomprensión y el rechazo.
Para el sociólogo, toda política de aplicación de la ley en los adolecentes debe de estar inspirada en una perspectiva educativa e inclusiva y de segunda oportunidad para su posterior reinserción en la sociedad como ciudadano bienhechor.
Ellos, más reincidentes
Alrededor de un 30% de los menores de edad varones recibidos en el Centro de Reformatorio de Menores (CERMENOR) son reincidentes.
Son los llamados “adolescentes habituales”.
El director del centro, Sócrates Sánchez, citó el caso de un menor que estaba recluido por drogas y ahora retornó al Centro por homicidio.
Las muchachas, dijo Sánchez, no recaen tanto en el delito. La sicóloga Yorqui Bretón, directora del Centro que acoge a las jóvenes, reforzó esta opinión cuando dijo sólo recordar dos casos en 10 años trabajando con ellas.
La rehabilitación
Para Tavarez María, la rehabilitación se logra en base a la intervención que se haga a cada quien, porque cada caso es individual.
“Si uno está privado de libertad por homicidio, el tratamiento no puede ser igual que para aquel que cometió un robo, pero aun habiendo cometido un mismo delito, cada caso es diferente”.
Para Tavarez María, si hay 10 casos y se logra rehabilitar a dos o tres, eso es un logro signifi cativo. “Tiene que haber una voluntad por parte de ellos y nosotros tenemos que llevarlos a que respondan al programa”, señaló.
El programa de rehabilitación es desarrollado por un equipo multidisciplinario en cada centro, compuesto por sicólogos, trabajadores sociales, médicos, profesores y odontólogos.
Evaluación sicológica
La sicóloga Ana Josefa Núñez explicó el proceso de acogimiento de los jóvenes en el Centro de Evaluación y Referimiento de Menores (CERMENOR), donde llegan con problemas de conducta, falta de apoyo familiar, ansiedad, baja autoestima, poco grado académico, confl ictos familiares, características de abandono y problemas de identidad.
Aunque durante su detención en el centro generalmente no son agresivos, suelen ocurrir riñas y peleas entre ellos. “Cuando llegan tienen un comportamiento sobre el que hay que trabajar”, expresó la sicóloga Bretón, quien da atención a las muchachas.
“Algunas llegan agresivas, pero otras son tímidas”.
Los primeros 15 días son para trabajar en la adaptación de las muchachas.
Cuando están ingresadas en el reformatorio, algunas se ayudan y se corrigen, pero a veces tienen sus peleas o se cogen sus objetos.
La sicóloga evaluó como bueno el comportamiento de las menores de edad.
“A estas muchachas hay que tenerlas ocupadas”, dijo Bretón.
Las estadísticas generales apoyan la evaluación de la sicóloga, pues durante los meses de junio, julio y agosto se registra el mayor número de menores en delitos, justo la época de vacaciones escolares.
El programa para las mujeres consta de varias fases, las cuales van pasando en función de comportamiento y rendimiento académico, y abarca su inclusión en el cuadro de honor.
La reclusión
En la capital funcionan plenamente dos centros para menores, uno para muchachas y otro para varones. A este último sólo son enviados a cumplir medidas cautelares o preventivas.
Y aunque en Manoguayabo fue inaugurado recientemente otro centro, todavía no tiene jóvenes recluidos.
En el Centro de Reformación de Menores de Cristo Rey hay 40 adolescentes privados de libertad que comparten cuatro habitaciones.
Trece tienen edades de entre 13 y 15 años y 30 de entre 15 a 17 años.
Entre los varones, las causas de reclusión más frecuentes son robo, homicidio, droga, violación sexual y porte de armas de fuego.
En el centro de para muchachas hay 23 internas de las cuales 15 ya cumplen una condena defi nitiva y 8 tienen medidas cautelares.
Proceden del Distrito Nacional, Dajabón, Bonao, Hato Mayor, San Cristóbal, La Vega, provincia Santo Domingo y Monte Plata.
Dos están al término de cumplimiento de pena.
Intentos de homicidio, golpes y heridas, robos y drogas, son los delitos en que han incurrido las menores de edad recluidas en este Instituto, el único que acoge a muchachas en confl icto con la ley.
El delito que más prevalece entre las internas es el robo, pero, según explicó la directora, Milagros Altagracia Núñez, este caso es cambiante, porque entre octubre y noviembre del ano 2010, homicidio era el delito dominante.
Recuperación
“Se nos olvida como vinieron, ni nos interesa, ni tampoco se lo recordamos. Sólo nos importa que llegó una adolescente con problemas”, dijo Milagros, con 25 años al frente del centro para muchachas.
Emocionada por la asimilación del programa de rehabilitación, Núñez citó el caso de una joven que fi nalizó el bachillerato en el centro y luego se inscribió en una universidad para adultos, donde iba una vez a la semana, con pago a cargo de la institución.
Estuvo cuatro años recluida, implicada en un homicidio, pero al salir del centro la joven paralizó sus estudios porque no los podía costear.
Al obtener su libertad, el centro no seguía aportándole el pago de la universidad, lo cual evidencia la ausencia de un programa de acompañamiento para asegurar una reinserción total a la sociedad como entes productivos de esos jóvenes.
Y ese es el temor que estas muchachas y muchachos, ahora bajo régimen preventivo o condenados guardan en su mente, algo a lo que temen cuando refl exionan sobre su futuro y se proponen cambiar el rumbo que les llevó a este trance con la ley.
Centros de internamiento Existen ocho centros para internamiento de menores, incluyendo uno inaugurado recientemente en Manoguayabo.
Tres están bajo administración de Salud Pública y cinco a cargo de la Procuraduría.
Hasta ahora, ninguno hospeda a menores. Están localizados en San Francisco de Macorís,Santiago,Santo Domingo, San Cristóbal y La Vega.
Instituto de Niñas
Si no fuera porque no pueden salir cuando quieren, el Centro que acoge a las muchachas en confl icto con la ley en nada se parecería a un centro de reclusión.
Es una casa de dos niveles, donde continúan sus estudios académicos a través del programa Prepara.
Reformatorio de varones Las actividades cambian según el día. Como se pasan poco tiempo allí, no han establecido un programa de educación permanente, sino de alfabetización a aquellos que no saben leer ni escribir.
Tampoco disponen de salas de informática, como en el instituto de chicas.
La vida en estos dos centros, el Instituto y el Reformatorio, será vista de cerca mañana en la segunda y última entrega de este reportaje especial.
LA PROTECCIÓN Y GARANTÍAS A MENORES
Desde 2003, los menores de edad disponen de amplias garantías legales, amparados en la ley 136-03 o Código Para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que fue aprobado ese año.
Ante hechos delictivos, cumplen penas más leves que los adultos y el tratamiento de sus casos se maneja de manera especial. Existen órganos especializados para conocer sus casos, tanto fiscalías como tribunales y departamentos policiales.
En el artículo 259, el Código contempla la creación de una Policía Judicial, un órgano especializado en la investigación y persecución de los hechos delictivos que presumiblemente hayan cometido.
Más adelante, en el artículo 266, crea la Unidad Multidisciplinaria de atención integral en cada departamento judicial, con un equipo técnico con un mínimo de dos profesionales de trabajo social, sicología y otras áreas afines.
Las medidas cautelares son también más flexibles, pues sólo pueden durar hasta dos meses, excepto la privación de libertad, por 30 días.
Según el artículo 286 del Código, estas medidas son el cambio de residencia, obligación de presentarse periódicamente al tribunal o ante la autoridad que éste designe, prohibición de salir del país, la localidad o ámbito territorial, prohibición de visitar y tratar a determinadas personas, poner bajo custodia de otra persona o institución determinada y la privación de la libertad en un centro oficial especializado.
La condena sólo puede ser de entre uno a cinco años, dependiendo de la edad; de 13 a 15 se le puede imponer prisión de entre uno a 3 años, y de 16 a 18, de entre 1 a 5 años.
Diferente a las audiencias de los adultos, las de los menores no son públicas.
Son privadas y su publicidad está limitada a la parte del proceso, de lo contrario puede ser nula. Los menores de 13 años no pueden ser detenidos, sancionados ni privados de su libertad, porque, según establece la ley 136-03, en un párrafo del artículo 223, “en ningún caso son responsables penalmente”.
Una nueva familia vela por ella, que ahora está forzada a adaptarse a otra dura realidad de normas y atribuciones del sistema, junto a 22 adolescentes llegados al hospedaje por una razón común: todos, incluyendo a “Rosanna”, han violado la ley penal.
A tan poca edad, el Instituto de Niñas de Santo Domingo es ya el tercer hogar que acoge a “Rosanna”.
Su infortunada historia empezó un día cuando su madre, una trabajadora doméstica que procreó cinco hijos con un hombre a quien “Rosanna” nunca ha conocido, la envió a ayudar a una señora en labores domésticas en una localidad vecina.
Poco tiempo después de su llegada, esta muchacha se vio involucrada en un problema legal complicado, que conllevó su reclusión en un centro de privación de libertad, de donde ahora anhela salir libre.
“Rosanna no sabe cuánto tiempo estará detenida allí, porque aún no tiene una pena defi nitiva y sólo cumple una medida cautelar.
Por el problema causante de su privación de libertad, “Rosanna” no sólo se alejó del contacto con su madre y hermanos, sino que tuvo que interrumpir sus estudios.
“Cuando salga quiero vivir con mi mamá y seguir en la escuela”, dijo la joven, con un dejo de timidez.
Despu és de manifestar sus deseos, hizo una pausa, tras ser advertida de no referirse al confl icto legal que le tiene atrapada, porque aún no ha recibido una condena defi nitiva por el hecho imputado, Sobre el caso que la trajo hasta su nueva residencia, confesó sentirse “arrepentida”.
El caso de “Rosanna” es sólo una muestra del grave problema que constituyen los adolescentes, niños y niñas en confl icto con la ley, un fenómeno agobiante para el país, preocupante para gobernantes e inquietante para las familias.
Una realidad tormentosa
La participación de menores de edad en delitos es considerado un problema social que espera de la aplicación de políticas adecuadas, fi rmes, justas y permanentes en el país.
Hasta la fecha existe un registro de 517 niños, niñas y adolescentes, preventivos y sancionados, en 11 centros especializados, 45 más que en el año 2009, cuando alcanzó 472.
Estos centros son: Centro de Evaluación y Referimiento del Menor (CERMENOR), Centro de Atención Integral de Adolescentes en Confl icto con la Ley, en Najayo, San Cristóbal; Instituto de Niñas de Santo Domingo; Instituto Preparatorio de Menores Máximo Antonio Álvarez, Instituto Preparatorio de Menores (REFOR), Centro de Atención Integral de Adolescentes en Confl icto con la Ley, en San Francisco de Macorís; Centro de Atención Integral de Adolescentes en Confl icto con la Ley, en Santiago; Centro de Atención de Menores, en Higu¨ey, y los Centros de Detención en San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona.
En 2009 se registraron infracciones de tipo penal, como sigue: 371 por robo agravado, 140 por homicidios, 81 violaciones a la ley de drogas, 71 violaciones sexua- les, 27 homicidios agravados, 26 por golpes y heridas, 12 por tentativa de homicidio, 22 por robo, 9 por porte de armas, 1 por agresion familiar y un infanticio.
Para diciembre de 2010, las estadísticas, por tipo penal en caso de menores en confl icito con la ley, anotan 145 casos por robo agravado, 167 por homicidio, 53 por violación a la ley de drogas, 80 por violación sexual, 28 por golpes y heridas y 4 por porte de armas.
Una comparación de estos datos, y el número de sancionados, indica que, con relación al año 2009, en 2010 los robos agravados tuvieron una baja de 226, pero hubo un aumento de 27 homicidios, las violaciones a la ley de drogas bajaron 28 casos respecto al 2009, mientras las violaciones sexuales aumentaron en nueve en 2010.
El número actual de 517 menores de edad bajo medidas de prevención y sanción, que superó con 45 al 2009, no implica un aumento tan signifi cativo para Reyna Tavarez María, encargada de la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Confl icto con la Ley Penal, porque, al compararlo con los 21,000 adultos internos en los centros penitenciarios, los menores en confi nación representan poco más de un 2 por ciento.
Una comparación de la cifra actual de menores en reclusión con las estadísticas de 2005, deja claro que el aumento en los últimos cinco años es notable. Para junio de ese año había recluidos 308 menores, 209 menos que hasta diciembre de 2010, cuando se elevó a 515 casos.
La mayoría de esos menores de edad ya tiene hijos, a veces más de uno. “Inician sus relaciones sexuales a temprana edad”, dijo Tavárez María. Pocos tienen actas de nacimiento, pero cuando se hace gestión para dotarles de ese documento, se descubre que ni siquiera sus padres, y ni sus abuelos, han sido declarados. “Esto constituye un verdadero problema”, comentó Tavarez María.
Las violaciones a la ley penal en menores de entre 16 a 17 años son más frecuentes que en aquellos con edades entre 13 y 15 años. El robo agravado y los homicidios son las infracciones más comunes.
Los perpetradores provienen de familias disfuncionales.
La mayoría no vive con sus padres. Regularmente dependen de una tía o uno o ambos de sus abuelos. En ocasiones, cuando viven con su madre, ésta trabaja o tiene algún tipo de adicción. En otro caso, padre e hijo viven juntos, pero el papá tiene alguna adicción al alcohol o las drogas.
“Tenemos muchachos cuyas mamás están presas o sus papás murieron en un atraco”, explicó la especialista.
Un problema social
Para el sociólogo Juan Miguel Pérez, la actuación de adolescentes en acciones delictivas no puede verse al margen de su participación en actividades productivas.
Perez dijo que eso “defi ne la actividad delincuencial como productiva, aunque ilegal, porque procura a sus (mal) hechores una fuente de ingresos. El adolescente dominicano típico, que incurre en hechos delictivos, opera desde una perspectiva de sobrevivencia no solamente económica, sino también, y sobre todo, social”, subraya.
“Los medios de sobrevivencia que les proporciona la sociedad a los adolescentes son cada vez más inaccesibles”, agregó el profesional, anotando que eso le proporciona “difi cultad de poder costear su participación en un régimen escolar, de poder tener un empleo en condiciones estables y de remuneración adecuada”.
Todo eso hace que esos adolescentes estén afectados por una presión social que implica, para ellos, “ser anónimos en sus comunidades, ante el panorama desesperanzador y de falta de perspectivas futuras en el que crecen”. Pérez estima que es esa presión la que los lleva a buscar el reconocimiento de su comunidad a través de actividades reconocidas como retribuyentes y, por ende, capaces de alcanzar medios, fundamentalmente monetarios.
Para disminuir la ola creciente de casos de menores que delinquen, Pérez cree que sólo el Estado puede actuar con efectividad, si genera políticas públicas que brinden la oportunidad a estos jóvenes de poder construir sus dignidades individuales, a partir del involucramiento en sus estudios y el ejercicio de ofi cios legales.
“No debe existir impunidad”, dijo, y planteó que cuando los organismos de seguridad pública actúen en contra del hecho delictivo, al adolescente debe tratársele con educación, buscando su corrección y no una simple represión que lo deje en la incomprensión y el rechazo.
Para el sociólogo, toda política de aplicación de la ley en los adolecentes debe de estar inspirada en una perspectiva educativa e inclusiva y de segunda oportunidad para su posterior reinserción en la sociedad como ciudadano bienhechor.
Ellos, más reincidentes
Alrededor de un 30% de los menores de edad varones recibidos en el Centro de Reformatorio de Menores (CERMENOR) son reincidentes.
Son los llamados “adolescentes habituales”.
El director del centro, Sócrates Sánchez, citó el caso de un menor que estaba recluido por drogas y ahora retornó al Centro por homicidio.
Las muchachas, dijo Sánchez, no recaen tanto en el delito. La sicóloga Yorqui Bretón, directora del Centro que acoge a las jóvenes, reforzó esta opinión cuando dijo sólo recordar dos casos en 10 años trabajando con ellas.
La rehabilitación
Para Tavarez María, la rehabilitación se logra en base a la intervención que se haga a cada quien, porque cada caso es individual.
“Si uno está privado de libertad por homicidio, el tratamiento no puede ser igual que para aquel que cometió un robo, pero aun habiendo cometido un mismo delito, cada caso es diferente”.
Para Tavarez María, si hay 10 casos y se logra rehabilitar a dos o tres, eso es un logro signifi cativo. “Tiene que haber una voluntad por parte de ellos y nosotros tenemos que llevarlos a que respondan al programa”, señaló.
El programa de rehabilitación es desarrollado por un equipo multidisciplinario en cada centro, compuesto por sicólogos, trabajadores sociales, médicos, profesores y odontólogos.
Evaluación sicológica
La sicóloga Ana Josefa Núñez explicó el proceso de acogimiento de los jóvenes en el Centro de Evaluación y Referimiento de Menores (CERMENOR), donde llegan con problemas de conducta, falta de apoyo familiar, ansiedad, baja autoestima, poco grado académico, confl ictos familiares, características de abandono y problemas de identidad.
Aunque durante su detención en el centro generalmente no son agresivos, suelen ocurrir riñas y peleas entre ellos. “Cuando llegan tienen un comportamiento sobre el que hay que trabajar”, expresó la sicóloga Bretón, quien da atención a las muchachas.
“Algunas llegan agresivas, pero otras son tímidas”.
Los primeros 15 días son para trabajar en la adaptación de las muchachas.
Cuando están ingresadas en el reformatorio, algunas se ayudan y se corrigen, pero a veces tienen sus peleas o se cogen sus objetos.
La sicóloga evaluó como bueno el comportamiento de las menores de edad.
“A estas muchachas hay que tenerlas ocupadas”, dijo Bretón.
Las estadísticas generales apoyan la evaluación de la sicóloga, pues durante los meses de junio, julio y agosto se registra el mayor número de menores en delitos, justo la época de vacaciones escolares.
El programa para las mujeres consta de varias fases, las cuales van pasando en función de comportamiento y rendimiento académico, y abarca su inclusión en el cuadro de honor.
La reclusión
En la capital funcionan plenamente dos centros para menores, uno para muchachas y otro para varones. A este último sólo son enviados a cumplir medidas cautelares o preventivas.
Y aunque en Manoguayabo fue inaugurado recientemente otro centro, todavía no tiene jóvenes recluidos.
En el Centro de Reformación de Menores de Cristo Rey hay 40 adolescentes privados de libertad que comparten cuatro habitaciones.
Trece tienen edades de entre 13 y 15 años y 30 de entre 15 a 17 años.
Entre los varones, las causas de reclusión más frecuentes son robo, homicidio, droga, violación sexual y porte de armas de fuego.
En el centro de para muchachas hay 23 internas de las cuales 15 ya cumplen una condena defi nitiva y 8 tienen medidas cautelares.
Proceden del Distrito Nacional, Dajabón, Bonao, Hato Mayor, San Cristóbal, La Vega, provincia Santo Domingo y Monte Plata.
Dos están al término de cumplimiento de pena.
Intentos de homicidio, golpes y heridas, robos y drogas, son los delitos en que han incurrido las menores de edad recluidas en este Instituto, el único que acoge a muchachas en confl icto con la ley.
El delito que más prevalece entre las internas es el robo, pero, según explicó la directora, Milagros Altagracia Núñez, este caso es cambiante, porque entre octubre y noviembre del ano 2010, homicidio era el delito dominante.
Recuperación
“Se nos olvida como vinieron, ni nos interesa, ni tampoco se lo recordamos. Sólo nos importa que llegó una adolescente con problemas”, dijo Milagros, con 25 años al frente del centro para muchachas.
Emocionada por la asimilación del programa de rehabilitación, Núñez citó el caso de una joven que fi nalizó el bachillerato en el centro y luego se inscribió en una universidad para adultos, donde iba una vez a la semana, con pago a cargo de la institución.
Estuvo cuatro años recluida, implicada en un homicidio, pero al salir del centro la joven paralizó sus estudios porque no los podía costear.
Al obtener su libertad, el centro no seguía aportándole el pago de la universidad, lo cual evidencia la ausencia de un programa de acompañamiento para asegurar una reinserción total a la sociedad como entes productivos de esos jóvenes.
Y ese es el temor que estas muchachas y muchachos, ahora bajo régimen preventivo o condenados guardan en su mente, algo a lo que temen cuando refl exionan sobre su futuro y se proponen cambiar el rumbo que les llevó a este trance con la ley.
Centros de internamiento Existen ocho centros para internamiento de menores, incluyendo uno inaugurado recientemente en Manoguayabo.
Tres están bajo administración de Salud Pública y cinco a cargo de la Procuraduría.
Hasta ahora, ninguno hospeda a menores. Están localizados en San Francisco de Macorís,Santiago,Santo Domingo, San Cristóbal y La Vega.
Instituto de Niñas
Si no fuera porque no pueden salir cuando quieren, el Centro que acoge a las muchachas en confl icto con la ley en nada se parecería a un centro de reclusión.
Es una casa de dos niveles, donde continúan sus estudios académicos a través del programa Prepara.
Reformatorio de varones Las actividades cambian según el día. Como se pasan poco tiempo allí, no han establecido un programa de educación permanente, sino de alfabetización a aquellos que no saben leer ni escribir.
Tampoco disponen de salas de informática, como en el instituto de chicas.
La vida en estos dos centros, el Instituto y el Reformatorio, será vista de cerca mañana en la segunda y última entrega de este reportaje especial.
LA PROTECCIÓN Y GARANTÍAS A MENORES
Desde 2003, los menores de edad disponen de amplias garantías legales, amparados en la ley 136-03 o Código Para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que fue aprobado ese año.
Ante hechos delictivos, cumplen penas más leves que los adultos y el tratamiento de sus casos se maneja de manera especial. Existen órganos especializados para conocer sus casos, tanto fiscalías como tribunales y departamentos policiales.
En el artículo 259, el Código contempla la creación de una Policía Judicial, un órgano especializado en la investigación y persecución de los hechos delictivos que presumiblemente hayan cometido.
Más adelante, en el artículo 266, crea la Unidad Multidisciplinaria de atención integral en cada departamento judicial, con un equipo técnico con un mínimo de dos profesionales de trabajo social, sicología y otras áreas afines.
Las medidas cautelares son también más flexibles, pues sólo pueden durar hasta dos meses, excepto la privación de libertad, por 30 días.
Según el artículo 286 del Código, estas medidas son el cambio de residencia, obligación de presentarse periódicamente al tribunal o ante la autoridad que éste designe, prohibición de salir del país, la localidad o ámbito territorial, prohibición de visitar y tratar a determinadas personas, poner bajo custodia de otra persona o institución determinada y la privación de la libertad en un centro oficial especializado.
La condena sólo puede ser de entre uno a cinco años, dependiendo de la edad; de 13 a 15 se le puede imponer prisión de entre uno a 3 años, y de 16 a 18, de entre 1 a 5 años.
Diferente a las audiencias de los adultos, las de los menores no son públicas.
Son privadas y su publicidad está limitada a la parte del proceso, de lo contrario puede ser nula. Los menores de 13 años no pueden ser detenidos, sancionados ni privados de su libertad, porque, según establece la ley 136-03, en un párrafo del artículo 223, “en ningún caso son responsables penalmente”.
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