
El 4 de agosto de 2008 el país despertó conmovido luego de la información de una ejecución sumaria de siete colombianos, cuyos cadáveres fueron encontrados en la comunidad rural Ojo de Agua, Baní.
De acuerdo a las versiones de las autoridades, este hecho tiene su origen en una operación de narcotráfico consistente en introducir al país 1,300 kilos de cocaína procedentes de la Isla San Andrés, Colombia. A la disputa por ese cargamento de droga se le atribuye la denominada “Masacre de Paya”, que involucra a 22 personas entre civiles y militares.

Un grupo de militares, simulando ser miembros antidrogas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), tras la planificación con civiles que les pagaron para cometer el crimen, irrumpieron violentamente, armados, en la casa de los extranjeros, en Paya, Baní, encañonándolos, esposándolos y trasladándolos en vehículos a Ojo de Agua, donde fueron acribillados.
Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, decidirán el próximo viernes sobre el pedimento del Ministerio Público que pide condena de 30, 20, 10, 5 y 3 años de prisión en contra de los implicados en el caso Paya.
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