Peña Castillo fue acusado por su esposa Thelcemary Georgina Mejía Agramonte de violencia intrafamiliar.
La magistrada Ileana Pérez rechazó la medida de coerción que había solicitado el Ministerio Público en contra del oficial, que reclamaba que se le impusiera una garantía económica de cinco millones de pesos bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
En la vista de la medida de coerción, los abogados del oficial, Daniel Izquierdo y Ramón Antonio Martínez, habían solicitado al tribunal rechazar la medida de coerción solicitada por el ministerio público por entender que su defendido “en ningún momento” agredió a su esposa, de la que según dijo está en un proceso de divorcio.
A su salida del tribunal, Peña Castillo dijo que en ningún momento ha agredido verbalmente a su esposa, tras señalar que el caso no debió llegar a la justicia.
En la instancia, la Fiscalía también pedía al tribunal que dictara orden de protección judicial a favor de la víctima, quien procreó tres hijos con el imputado, de 12, 9 y 7 años de edad, y con quien mantuvo un matrimonio de 14 años.
El ministerio público pidió a la jueza ordenar a Peña Castillo abstenerse de molestar, intimidar o amenazar a la víctima, y no hacer interdicción del acceso a la residencia o a los lugares frecuentados por Mejía
Agramonte, quien dice en su querella que desde que casó con el imputado éste le ha agredido verbal, física y sicológicamente y que es una persona “calculadora, que cuando toma se torna muy agresivo y ofende a las personas”.
Señala que el primero de diciembre pasado, el imputado Peña Castillo retiro documentos personales de ella de la vivienda que compartían, tales como pasaporte, llaves, contratos y certificado de propiedad, los cuales se encuentran dentro de una caja fuerte.
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