Por: David Ramírez
El autor es periodista
Siendo el Grupo Carolina una de las dos empresas procesadoras de pollos más grandes del país, resulta paradójico que sus restaurantes, bajo la marca “Pollo Rey”, estén siendo cerrados en todo el territorio nacional.
Primero fue su local en Santo Domingo y ahora le tocó el turno al parador Baní o Pollo Rey ubicado en la entrada de esa provincia sureña.
En nuestro país todas las clases sociales consumen pollo en cantidades significativas por ser la carne más barata del mercado. De acuerdo con todas las encuestas que ha realizado el Banco Central, una alta cantidad de ese consumo corresponde a la venta de pollos fritos.
Desde hace un par de décadas asistimos a un cambio en los gustos y preferencias del consumidor dominicano. Uno de los más llamativos es el que afecta al mercado de comida rápida debido a la presencia cada vez mayor de Pica pollos o Expresos Chinos sin ningún tipo de regulación del Estado, situación que está llevando al cierre a muchos negocios criollos legalmente establecidos.
Gracias a sus bajos costos operativos, estos establecimientos chinos ofrecen al consumidor pollos fritos más barato que la competencia y en grandes cantidades. Un esquema mercadológico que los ayuda a posicionarse en la preferencia de los consumidores, principalmente entre la clase obrera.
Lamentablemente de esa cantidad, sólo en una proporción insignificante la DGII ha instalado impresoras fiscales o asignado Números de Comprobantes Fiscales (NCF) para transparentar su gestión, contrario a lo que sucede con reconocidas empresas locales y franquicias extranjeras.
Otro punto a su favor es que la mayoría de los pica pollos chinos no utilizan personal fijo para la preparación de los alimentos y atender a los clientes. Para disminuir costos laborales, sólo contratan su personal por tres meses con el objetivo de no pagar prestaciones, vacaciones, seguro y otros beneficios que gozan los trabajadores.
Otros pica pollos chinos van más lejos, contratan mano de obra ilegal haitiana, lo cual constituye un peligro sanitario y una franca violación a las leyes laborales y migratorias.
Es cierto que en el mercado debe primar la oferta y la demanda, pero bajo este esquema de negocio tan desleal es poco probable que firmas nacionales y extranjeras como Pollo Rey, Victorina o FKC (que tienen excelentes estándares de calidad e higiene), sobrevivan a largo plazo en el mercado de comida rápida.
Por el momento la desigualdad competitiva beneficia al consumidor, pero perjudica al Estado, a los inversionistas y degrada el mercado laboral.
Estas prácticas anticompetitivas de los pica pollos chinos nunca serán saludables para el mercado de comida rápida, por lo que se hace necesario que el Estado intervenga para que todos los que participan en el negocio operen de forma igualitaria, sin discriminación o conductas prohibidas y respetando los derechos del consumidor.
De seguir esta situación ningún inversionista querrá incursionar en este mercado y los que aún permanecen pronto cerrarán las puertas de sus establecimientos.
Es cuestión de tiempo.
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