Núñez dijo que esos grupos minoritarios
pretenden que la soberanía dominicana esté al servicio de ellos,
mediante acusaciones de racismo, discriminación, violación de derechos
humanos, entre otras cosas, que hacen y alimentan “con cánulas a través
de unas 200 organizaciones no gubernamentales”.
Agregó que entre esos grupos u ONG’s,
está la que dirige la señora Sonia Pierre, que seidentifica como el
Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), así como el Servicio
Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), respaldadas por el Centro
Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.
Al comparecer al programa Oye País, que
se transmite por Color Visión, Núñez precisó que “toda esa gente,
generalmente hijos de padres haitianos, casi siempre buscan hacer un
montaje. Lo que buscan es la pérdida de la soberanía, la cultura y los
medios de supervivencia, como el empleo, en la República Dominicana”.
Precisó que Haití, como la región más
empobrecida de América Latina, urge de una agresiva intervención de la
comunidad internacional, y no de mandatarios que vayan a visitar este
país a pronunciar discursos o palabras bonitas que no aporten nada.
“Allí no hay nada, un país con solo un
1% de tierra útil para la agricultura, es decir, una nación en trámite
devastado. Un país destruido moral y físicamente, sin infraestructura,
con un liderazgo del sida y la malaria, y con el más alto índice de
desempleos de América Latina, un 70%, y el más alto índice de
analfabetismo”, precisó Núñez.
Insistió que ante una situación como
esa, de desastre total y de Estado fallido, la única solución es una
intervención que puede ser inclusive fideicomisaria, por entender que es
un país que está totalmente dividido, que tiene más de 70 partidos
reconocidos, y todos con candidatos.
Asimismo, sugirió a las autoridades
dominicanas tratar de mantener la soberanía aplicando políticas de
recuperación del empleo, que hoy está en manos de los haitianos, como la
construcción, para devolverle la confianza a la población dominicana.
Añadió que además “se debe aplicar una
política diplomática que implique el respeto de nuestros derechos
internacionales como nación”.
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