Detalles. Los resultados de la investigación fueron dados a conocer por el procurador Radhamés Jiménez Peña; el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez; la fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, y el padre de Jordi Veras, Ramón Antonio Veras (Negro).Santo Domingo.-El ministerio público y la Policía Nacional anunciaron ayer el sometimiento a la justicia de los presuntos responsables material e intelectual del atentado contra el abogado y comunicador Jordi Veras Rodríguez, a quienes acusa de operar una red de sicarios y extorsionadores disfrazados de detectives privados.
Las autoridades atribuyen al empresario cibaeño Adriano Román, quien está condenado a 20 años y guarda prisión en la cárcel de Rafey por el intento de asesinato de su ex esposa Miguelina Llaverías, hecho ocurrido en el 2005, de ser el autor intelectual del atentado contra Veras. Igualmente los internos Engels Carela Castro, condenado a 20 años de prisión por el caso de la señora Llaverías, y Frank Reynoso, condenado a 30 años por otro caso, ambos recluidos en la cárcel de Rafey.
También Francisco Carela Castro, a quien le imputan haber contratado los servicios de los supuestos sicarios, propietario de una supuesta compañía de detectives privados.
Veras era el abogado de la señora Llaverías en el juicio en que Román fue condenado a 20 años.
La fiscal de Santiago Yeni Berenice Reynoso dijo que durante una requisa en la celda de Román encontraron una lista donde se mencionaban los nombres de reconocidos comunicadores sociales, representantes del ministerio público y un juez de la Suprema Corte de Justicia.
Complicidad
Igualmente fueron involucrados en el atentado contra Jordi Veras, el ex teniente Roberto Zabala Espinosa y el ex sargento Candy Caminero Rodríguez, ambos de la Policía, cancelados y puestos a disposición de la justicia por homicidios, el 8 de mayo del 2007.
También el sargento mayor Arturo Ferreras del Castillo (Moreno), quien fue cancelado de manera deshonrosa de la institución del orden.
Otros involucrados en la trama son José Bianney García y Rafael Erazo Serrano, empleados de la compañía de detectives de Carela Castro.
Los detalles sobre la trama para matar a Veras Rodríguez fueron dados en una rueda con la participación del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; la fiscal de Santiago, Yenny Berenice Reynoso Gómez; el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez; el portavoz de la policía, general Nelson Rosario; el director regional norte de la Policía, general Ramón de la Cruz Martínez, y el general Héctor García Cuevas, director de Investigaciones Criminales de la Policía.
Según el informe fruto de una labor conjunta de fiscales e investigadores policiales, Carela Castro identificó de manera clara y precisa a Zabala Espinosa, a Caminero Rodríguez y a Ferreras del Castillo, como los autores materiales del atentado contra Veras Rodríguez, determinándose que el primero conducía el carro que utilizaron para escapar una vez abandonada la motocicleta, y repartió 100 mil pesos que recibió por la acción criminal.
Destaca que Caminero Rodríguez fue la persona que realizó los disparos contra la víctima, en tanto que Ferreras del Castillo conducía la motocicleta utilizada para cometer el hecho, la cual fue dejada abandonada a poca distancia de la escena y recuperada por la Policía.
Evidencias
Las autoridades del ministerio público y de la Policía dijeron que tienen en su poder evidencias testimoniales, documentales y grabaciones que demuestran que las personas involucradas se constituyeron en asociación de malhechores, bajo las órdenes de Román, para orquestar el plan macabro de atentar contra la vida de Veras Rodríguez.
De acuerdo a la investigación, el empresario Román contactó a Franklin Reynoso, quien cumple 30 años de prisión en la cárcel de Rafey por asesinato, y que alegadamente le aseguró que estaba a su disposición para coordinar cualquier caso de sicariato que se pretendiera ejecutar.
Señala que Román supuestamente le comunicó al recluso Reynoso que quería sacar de circulación a un “licenciado”, pero que tenía que ejecutarse antes de las elecciones del 16 de mayo de 2010. Reynoso fue contactado por las “excelentes relaciones que tenía con Engels Carela”.
La comisión investigadora dijo que se produjo una reunión entre los reclusos Engels y Franklin Reynoso con Francisco Carela Castro, hermano del primero.
Señala que Engels Carela cita a su hermano Carela Castro en la cárcel de Rafey donde guarda prisión y acuerdan cobrarle a Román la suma de dos millones de pesos para matar a Veras Rodríguez, porque según él, este abogado le hacía la vida imposible.
Luego Reynoso le comunica a Román que cobrarían RD$2.5 millones para cometer el crimen, suma que no aceptó por considerarla excesiva.
Acordaron que el monto fuera de RD$1.5 millones, con la condición de que se ejecutara antes del 16 de mayo de 2010.
Según la investigación, para Román entregar el dinero, Reynoso y Carela Castro coordinaron con empleados de su confianza para darle el dinero y ejecutar el plan en contra Veras. Indica que el 21 de abril de 2010, Carela Castro le ordena a Bianney García y Erazo Serrano buscan en los registros de Data Crédito informaciones sobre Veras, así como otras informaciones para lo cual se dirigieron hasta un centro de Internet ubicado en la avenida Independencia, en la plaza de los Buhoneros, lugar donde compraron un registro con datos personales del comunicador.
CONDUCTA DELICTIVA INCONTROLABLE
El procurador Radhamés Jiménez dio instrucciones para que sean inmovilizados todos los bienes autores materiales e intelectuales de los implicados en el atentado contra el abogado y comunicador, Jordi Veras Rodríguez, ocurrida el día 2 de junio en Santiago.
Al ofrecer los detalles de las investigaciones en torno al caso durante una rueda de prensa ofrecida en la Procuraduría, Jiménez Peña dijo que el ministerio público pedirá condena máxima contra los implicados.
“El crimen organizado y el sicariato no tienen espacio en el país, por lo que los responsables de este caso recibirán todo el peso de la ley”, agregó el procurador general.
De su lado, la fiscal de Santiago definió a Román como poseedor de una conducta delictiva incontrolable, por lo que recomendó que el interno sea aislado para evitar que éste utilice sus recursos para contratar a sicarios y asesinar personalidades.
Dijo que la señora Miguelina Llaverías, estuvo casada por espacio de trece años con el Industrial Adriano Román, con quien procreo cuatro hijos, pero sufrió maltratos y vejámenes En el 1977 fue el primer atentado contra la señora Llaverías. En el 2005 contrató a la supuesta empresa de detectives “FACSAINT” para que atentara contra su vida, dejándola por muerte, por lo que fue condenado a 20 años.
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