MPT propone auditar el Estado para determinar magnitud de la corrupción

Santo Domingo.-El Movimiento Patria Para Todos (MPT) calificó la declaración del presidente Leonel Fernández en la que minimiza la existencia de la corrupción como una burla al pueblo dominicano y propuso que el Estado sea auditado por auditores externos a la Cámara de Cuentas, para determinar la cantidad de dinero que se pierde por este concepto.

Explica que en el país no hay un sólo ministerio donde no exista corrupción, así lo confirman las mayorías de las auditorías. La totalidad de los funcionarios cobra por ciento por pagar deudas y en muchos ministerios ahora se han dedicado a crear oficinas de abogados vinculados a los ministros para cobrar comisiones por el cobro de las deudas a las instituciones públicas vinculadas.

Las mayorías de obras de los ayuntamientos y del Gobierno Central se asignan grado a grado y a sobreprecio. Hay informes de que las comisiones que se solicitan a suplidores del Estado se hacen a plena luz pública, lo cual es sabido por el propio Presidente”, dijo.

Las mayorías de suplidores del Estado son personas vinculadas a los ministros por lo que no se puede decir que es un problema aislado por el contrario es algo generalizado, dice el MPT en un declaración suscrita por su coordinador general, Fulgencio Severino.

Para demostrar quién tiene la razón, solicitamos al presidente Fernández que convoque a una auditoría externa en todos los ministerios, que se cree una comisión externa al Gobierno para seleccionar a la firma de auditores que gane el concurso y que luego de terminada la auditoria se publiquen y estamos seguro que el propio despacho del Presidente será involucrado.

Sólo mediante una ley que obligue al Gobierno a auditoría externa y que una comisión externa al Gobierno seleccione la empresa ganadora y que dicha ley establezca que el propio Presidente sea destituido por corrupción se podrá terminar con esta desgracia que afecta al país.

Esta misma ley debe establecer la destitución de los responsables de la corrupción y que sus activos sean considerados igual que lo adquiridos por el lavado y la droga por lo que debe ser incautado.