EFE - Buenos Aires - 13/08/2009
Un tribunal argentino ha condenado a cadena perpetua a un ex general y a penas de entre ocho y 25 años a otros cuatro ex militares y a un ex policía por la muerte de un militante comunista de 15 años durante la dictadura (1976-1983). Se trata de la primera condena de una "megacausa" reabierta tras la derogación de las "leyes del perdón", que amnistiaban a los militares que cometieron violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, y que fue derogada en 2003.
Otro episodio de la infamia, en un banquillo argentino
El fin de la impunidad
Los seis condenados, declarados culpables por el secuestro y asesinato por empalamiento del joven Floreal Avellaneda, un militante comunista cuyo cadáver apareció en 1976 en las costas de Montevideo, cumplirán sus penas en una cárcel común. El Tribunal Federal Oral de San Martín ha considerado que hubo un ocultamiento de pruebas en la causa para tapar "la verdad" y ha subrayado la participación de las Fuerzas Armadas en el secuestro y la desaparición del joven. "Todos los acusados efectuaron aportes para ejecutar el plan", han indicado los jueces en el fallo.
El ex general Santiago Omar Riveros, que dirigía la unidad militar de Campo de Mayo, en la periferia de Buenos Aires, condenado a cadena perpetua por el tribunal, ha declarado que se considera "un demócrata" y que la derogación parlamentaria de las leyes del perdón y la amnistía -dictadas en la década de los años ochenta- es "injustificable".
Además de Riveros, han sido condenados Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de la guarnición, a 25 años de prisión; Osvaldo García, ex director de la Escuela de Infantería de la unidad, a 18 años; los oficiales retirados César Fragni y Raúl Harsich, a 8 años; y el ex policía Alberto Aneto, a 14 años.
Por el juicio han pasado más de un centenar de testigos. El proceso forma parte de la "megacausa" de Campo de Mayo, que reúne alrededor de 40 expedientes con 500 víctimas de los delitos cometidos en esa guarnición militar, donde estaba uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura.
La madre del joven asesinado, Iris Pereyra, fue también secuestrada el 15 de abril de 1976 junto a Avellaneda por un grupo del Ejército que irrumpió en su casa, y permaneció detenida hasta 1978. "Nos sacaron a los dos, nos vendaron, nos encapucharon y nos llevaron a la comisaría de Villa Martelli [...]. Al Negrito [apodo del joven] le dieron como en la guerra, y aunque ponían la música a todo lo que da yo sentía sus gritos y él seguro los míos" por las torturas, relató la madre del joven.
Las cuatro querellas y la fiscalía habían pedido ante los jueces del tribunal prisión perpetua para los seis acusados, cuya defensa había reclamado la absolución. Según cifras oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la denominada "guerra sucia", aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
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