Por: Eli Heiliger
La acción brutal contra los médicos y enfermeras que ocupaban la sede de la Secretaría de Trabajo no es producto de la casualidad, sino parte de una política frente a los reclamos de la población de que es objeto el Gobierno en los últimos días.
Esa acción se inscribe dentro de lo que definí como una política del Gobierno para disuadir las protestas y evitar que se sigan propagando.
Los recientes hechos de Capotillo donde dos personas murieron a manos de agentes policiales, a pesar de que no participaban en las protestas contra los apagones, y el asesinato de un joven y las agresiones a balazos a dos periodistas en Bonao indican claramente el camino escogido por el Gobierno para enfrentar las protestas.
El presidente del Senado de la República y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el Gobierno era flojo en combatir las protestas.
Conforme reporta el Diario Libre en su edición del miércoles 29 de julio, más de 100 protestas han ocurrido en los últimos seis meses en gran parte de todo el territorio nacional por demandas insatisfechas.
Como parte de la parafernalia contra las manifestaciones se recurre a infiltrar civiles armados en las protestas con el fin de que fracasen. El caso de Bonao es bastante elocuente.
El objeto de esta represión es intimidar la población para que abandone las protestas.
Contra los médicos hubo saña y vesania. Por disposición de Max Puig, secretario de Trabajo no se le permitió el uso de las instalaciones sanitarias, se cortó la energía eléctrica mientras ocupaban la Secretaría de Trabajo. El cardiólogo Fulgencio Severino fue enyesado en la pierna derecha debido a los golpes que recibió.
La pregunta es si la represión podrá contener la lucha por satisfacer las demandas de la población que se ha dado cuenta que tras un período de gestión y otro con un año corriendo hay poco interés en atender sus reclamos.
La acción brutal contra los médicos y enfermeras que ocupaban la sede de la Secretaría de Trabajo no es producto de la casualidad, sino parte de una política frente a los reclamos de la población de que es objeto el Gobierno en los últimos días.
Esa acción se inscribe dentro de lo que definí como una política del Gobierno para disuadir las protestas y evitar que se sigan propagando.
Los recientes hechos de Capotillo donde dos personas murieron a manos de agentes policiales, a pesar de que no participaban en las protestas contra los apagones, y el asesinato de un joven y las agresiones a balazos a dos periodistas en Bonao indican claramente el camino escogido por el Gobierno para enfrentar las protestas.
El presidente del Senado de la República y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el Gobierno era flojo en combatir las protestas.
Conforme reporta el Diario Libre en su edición del miércoles 29 de julio, más de 100 protestas han ocurrido en los últimos seis meses en gran parte de todo el territorio nacional por demandas insatisfechas.
Como parte de la parafernalia contra las manifestaciones se recurre a infiltrar civiles armados en las protestas con el fin de que fracasen. El caso de Bonao es bastante elocuente.
El objeto de esta represión es intimidar la población para que abandone las protestas.
Contra los médicos hubo saña y vesania. Por disposición de Max Puig, secretario de Trabajo no se le permitió el uso de las instalaciones sanitarias, se cortó la energía eléctrica mientras ocupaban la Secretaría de Trabajo. El cardiólogo Fulgencio Severino fue enyesado en la pierna derecha debido a los golpes que recibió.
La pregunta es si la represión podrá contener la lucha por satisfacer las demandas de la población que se ha dado cuenta que tras un período de gestión y otro con un año corriendo hay poco interés en atender sus reclamos.
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